Fue denunciado penalmente el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra, ante la Fiscalía General de la República por presuntamente incurrir en el incumplimiento de la sentencia de amparo que favoreció la inamovilidad de Alfonso Román Quiroz, en el cargo de magistrado de la Sala Administrativa.

En la denuncia se argumenta que Aguilar Sierra violó el artículo 267 de la Ley de Amparo, al firmar la iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso del Estado con una serie de reformas al Poder Judicial que, entre otras cosas, tiene la finalidad de destituirle en el cargo de magistrado de la Sala Administrativa.

La denuncia presentada este martes advierte que el magistrado Román Quiroz obtuvo una resolución que le permite mantenerse en la función como juez administrativo, la cual acató y tuvo conocimiento el consejero jurídico del Gobierno del Estado, al fungir como consejero de la Judicatura del Poder Judicial por nombramiento de la titular del Gobierno Estatal.

El documento de la denuncia en poder de El Heraldo, vincula el probable hecho constitutivo de delito, en que Aguilar Sierra haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo participado en la sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura efectuada el 12 de junio de 2023, y el hecho de que haya suscrito la iniciativa de reforma y adición turnada el pasado 21 de junio de 2023 al Congreso del Estado.

Esta iniciativa prevé la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, en sustitución de la actual Sala Administrativa, mediante un proceso de presentación de ternas propuestas por el Ejecutivo del Estado.

El artículo 267 de la Ley de Amparo señala que se impondrán penas de 5 a 10 años de prisión, multa de 100 a mil días, en su caso, destitución, e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; repita el acto reclamado; u omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; o incumpla la resolución en el incidente que se estime incumplimiento sobre la declaratoria general de inconstitucionalidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con información el heraldo.