Juan Carlos Romero Hicks criticó la remoción de Irma Eréndira Sandoval, y aseguró que ello “confirma el lamentable fracaso de las estrategias contra abusos de autoridad y constante ilegalidad de funcionarios y sus parientes”
Diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN), todos integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, exigieron a la nueva administración de la Secretaría de la Función pública (SFP) abrir una serie de auditorías en torno a la la actuación de los servidores públicos encargados por el Ejecutivo Federal “de atender las terribles consecuencias que se presentan a causa del virus Covid-19”, así como a las obras insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Exhortamos a realizar auditorías de desempeño permanentes a las principales obras que están siendo realizadas por el Ejecutivo Federal, como el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, con el objeto específico de identificar deficiencias de la ejecución de obras y el mal ejercicio de los recursos públicos asignados”, solicitó el coordinador de la bancada albiazul, Juan Carlos Romero Hicks a nombre de sus compañeros.
A través de un comunicado, firmado por Marcela Torres Peimbert, Martha Elisa González Estrada, Gloria Romero León, Josefina Salazar Báez, Verónica Sobrado, Ernesto Ruffo y Éctor Jaime Ramírez Barba, entre otros, también se exhortó a combatir la corrupción de manera efectiva y “sin dedicatorias políticas”.
“Es el combate efectivo, sin dedicatorias políticas o consultas irregulares respecto a si se debe o no aplicar la ley, lo que permitirá avanzar en la erradicación verdadera de la corrupción y alentar que la sociedad se desarrolle sin ataduras para superar las agudas crisis que vive México en lo económico, la educación, la inseguridad y la salud”, indicó Romero Hicks.
El diputado criticó la remoción de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y aseguró que ello “confirma el lamentable fracaso de las estrategias contra abusos de autoridad y constante ilegalidad de funcionarios y sus parientes”.
Agregó que el combate a la corrupción, debe ser efectiva mediante la estricta aplicación de la ley “y no únicamente en tema de discursos, encuestas demagógicas y onerosas, o acciones fallidas que sólo consolidan la impunidad de los delincuentes”.
“La funcionaria que hoy deja la titularidad de la SFP nunca tuvo liderazgo en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, nepotismo y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos”, indicó.
Finalmente, recordó que la SFP consintió ocultar por cinco años los contratos para la adquisición de vacunas de Covid-19, permitió la remodelación de un estadio de béisbol sin cuestionar sus fines, y facilitó que el presidente López Obrador ordenara la importación de combustibles a una empresa acusada de pagar sobornos entre 2015 y 2020.
“Durante los primeros nueve meses del 2020, la Administración Pública Federal firmó más de 109 mil contratos, por un total de 333 mil 910 millones de pesos, de los cuales, el 79.3% han sido entregados por la vía de adjudicación directa. Sin siquiera dar a conocer de manera clara las razones que motivan adjudicaciones de esa naturaleza en todos los contratos. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en 2018, el 35 por ciento de las compras del gobierno se hizo por la adjudicación directa, para 2020 se acentuó la discrecionalidad para favorecer a los amigos y aumentó al 43 por ciento la vía de tales contratos”, concluyó.
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