En la mañanera del lunes el Presidente anunció el lanzamiento de los ‘Tianguis del Bienestar”, los cuales se dedicarán a vender la mercancía que el gobierno decomisa por toneladas.

En la mañanera del lunes el Presidente anunció el lanzamiento de los ‘Tianguis del Bienestar’, los cuales se dedicarán a vender la mercancía que el gobierno decomisa por toneladas.

Simplemente por las aduanas del país, que administra Horacio Duarte, pasan miles de contenedores de ropa, calzado, juguetes, telas, cosméticos, relojes, lociones y perfumes apócrifos o ilegales.

Andrés Manuel López Obrador dice que ya se está haciendo una reforma administrativa para que el Estado tome esos productos y los disperse entre los más pobres del país.

Para ello instalará esos tianguis en distintas zonas de la geografía nacional para vender a precios bajos tales artículos decomisados y beneficiar así a los mexicanos que menos tienen.

El Presidente está a punto de legalizar e institucionalizar un delito: la piratería, lo que nos volvería a colocar una vez más en la mira de nuestros principales socios comerciales.

De proceder esta última ocurrencia del inquilino de Palacio Nacional, no dude que nuevamente los afectados busquen la protección de la justicia federal, mediante una avalancha de amparos.

Los primeros van a ser los titulares de las marcas pirateadas, cuyos derechos de propiedad intelectual se violarían por partida doble: la del pirata que busca un lucro indebido y la del pirata institucional.

Los segundos en denunciar la práctica serán Estados Unidos y Canadá, con quienes México supuestamente tiene un Tratado de Libre Comercio que cuenta con un capítulo de propiedad intelectual.

A los socios comerciales no les va a gustar que por decreto se legalice lo ilegal, ni tampoco que una mercancía asegurada ingrese al mercado, porque se trata de artículos que violan sus reglas.

La Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual ya se pronunció en contra de comercializar productos decomisados por alguna violación a derechos de propiedad intelectual.

Además de promover la ilegalidad, los ‘Tianguis del Bienestar’ serían una competencia desleal para el comercio formal: por cada artículo que no paga impuestos que se venda, se dejará de vender uno que sí lo paga.

Esta mala idea que adelantó López Obrador conlleva otro riesgo en términos de salud pública: ¿se pondrán a la disposición de los pobres bienes elaborados con materiales de dudosa calidad?

Ni la Procuraduría Federal del Consumidor, ni la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, ni la Comisión Federal de Competencia Económica, ni el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han dicho “esta boca es mía”.