Hay varias maneras de entender la Constitución. Una de ellas es que constituye un pacto político que establece las reglas fundamentales de acceso y ejercicio del poder. Por ello, aunque haya sido relativamente fácil reformarla, existen algunas cláusulas que han resistido el tiempo y que configuran algunos principios centrales del sistema político mexicano. Entre otras puede mencionarse la división de poderes, el pacto federal, la no reelección y el papel de las fuerzas armadas.

En entregas previas de esta columna he argumentado que una consecuencia posible de la 4T era una nueva Constitución. Implicaría una refundación de la República y daría cimiento jurídico al profundo cambio prometido. Los resultados electorales parecen dificultar esta hipótesis, pero no la invalidan del todo.

En efecto, el presidente López Obrador anunció la semana pasada que presentará cuatro iniciativas de reforma constitucional. Una de ellas para modificar el sistema eléctrico nacional, una segunda en materia electoral, una tercera para reestructurar la administración pública federal y, finalmente, una cuarta que integraría la Guardia Nacional, que es hoy normativamente una institución de carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tres de las reformas afectan, en grados diversos, la arquitectura de poder. Pero una de ellas, la de Guardia Nacional, implicaría una profunda modificación al sistema constitucional. Toca una de las fibras más sensibles del arreglo constitucional post revolucionario.

Luego del activo papel político que tuvieron las fuerzas armadas durante e inmediatamente después de la revolución de 1917, sus funciones constitucionales quedaron plasmadas en el artículo 129 constitucional que a la letra dice: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Por su parte, el artículo 89-VI faculta al Presidente de la República para “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente… para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Dicho de otro modo, las fuerzas armadas no participan en el gobierno civil, y se reserva su acción para tareas específicas.

Una reforma que adscriba la Guardia Nacional a la Sedena implica constitucionalizar un cambio que de facto se ha profundizado –al menos desde el gobierno de Calderón– y que supone una concepción radicalmente diferente del papel que tienen las fuerzas armadas en la seguridad pública, función hasta ahora reservada constitucionalmente a instituciones de carácter civil.

Lo anterior abre innumerables preguntas que no podemos agotar en este espacio. Habrá que esperar el proyecto para valorarlo. Pero sin duda implica algo distinto a lo prometido por la 4T en materia de seguridad.

Sergio López Ayllón