La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.

Si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

Lo anterior ocurrió en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril en las que Lavalle Maury fue imputado de los referidos delitos – que hoy lo mantienen preso en el Reclusorio Norte.

“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, dijo el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, tras coincidir con las conclusiones de FGR.

Esta asociación criminal, añade el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.

Las pruebas de la Fiscalía para realizar estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.

El esquema criminal

En la audiencia los fiscales explicaron al juez que para facilitar la aprobación de la reforma energética Peña y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista Penchyna que lideraba la comisión de Energía del Senado y el panista Lavalle Maury quien era integrante de la misma.

El rol de Lavalle era particularmente importante pues él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero que iba destinado al grupo de legisladores panistas.