La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernandez, advirtió que el Poder Judicial Federal no debe confundir legitimación con popularidad y también advirtió que las instituciones públicas no deben usarse para buscar aprobación social.
Durante la celebración del 25 aniversario de creación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), organismo dependiente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que proporciona abogados de oficio y asesorías a sectores vulnerables en materias penal, laboral y familiar, entre otras, Piña Hernández reconoció que los integrantes de esa instancia tienen una responsabilidad frente a las personas que defienden, asesoran o apoyan.
Agregó que esa responsabilidad y el principio de proporcionar un servicio gratuito a la población sirven para construir la legitimación del PJF, adaptando a la defensoría pública a las exigencias ciudadanas, pero sin caer en la búsqueda de popularidad.
«Pero en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado —ni debe estar— en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales.»
En este marco, consideró que las instituciones deben trascender a quienes las integran y deben adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, sin perder su esencia original.
“Las instituciones públicas, como la que hoy nos reúne, están sujetas a la constante aprobación y, consecuentemente, a la legitimación social. No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”.
Sin embargo, pidió no confundir la legitimación social que requieren las instituciones públicas, con el uso de las mismas para obtener aprobación social.
“Las instituciones públicas, como la que hoy nos reúne, están sujetas a la constante aprobación y, consecuentemente, a la legitimación social. No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”.
Agregó que la Constitución señala que la Defensoría Pública trata de garantizar el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en términos de la ley, servicios que se deben evolucionar frente a la sociedad que va evolucionando.
Dijo que ese organismo se ha convertido en un “verdadero garante del debido proceso y del acceso a la justicia”, por lo que reconoció a los abogados que prestan servicios dentro del organismo.
Además, destacó que las enormes desigualdades que caracterizan el acceso a la justicia en México, no están en manos del Consejo de la Judicatura Federal, pero sí la posibilidad de contenerlas con cada caso que se toma por la Defensoría Pública.
En este sentido, consideró que las instituciones deben trascender a quienes las integran y deben adaptarse a las necesidades de la ciudadanía, sin perder su esencia original.
“La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la ley da a la propia institución”, concluyó.
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