El gobierno de México alista la publicación del decreto para que la Secretaría de Marina tome el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la principal terminal aérea del país y la más transitada del país.

Se trata del más reciente paso de un incremento del papel de las fuerzas armadas en el sector.

El presidente Andrés Manuel López Obrador promociona la participación de las fuerzas de seguridad en la aviación bajo el argumento de que se reduce el tráfico de drogas y el contrabando desde los aeropuertos.

En el acuerdo también se establece que las entidades paraestatales denominadas Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México quedarían agrupadas al sector coordinado por la Secretaría de Marina.

El proyecto de decreto entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que sucederá en los siguientes días

Por lo anterior, la Secretaría de Infraestructura Comunicación y Transportes (SICT) debe llevar a cabo la actualización del capital social de las entidades aeropuertuarias involucradas con base en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior

De igual forma, la SICT debe realizar la transferencia de la totalidad de las acciones representativas del Gobierno federal y demás acciones previstas en las disposiciones jurídicas aplicables.

Aunque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México actualmente depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina ya se ha hecho cargo de las operaciones de seguridad, incluidas las aduanas.

El vicealmirante piloto aviador retirado de la Marina Carlos Velázquez fue designado como su director general el año pasado.

El presidente López Obrador aseguró en conferencia matutina el pasado 08 de julio que la entrada de Velázquez Tiscareño obedecía a la necesidad de resolver “discrepancias” y “molestias”, además de que, dijo, se busca erradicar actos de contrabando y robos.

El decreto argumenta razones de seguridad y “descuido sistémico”:

“… en los años anteriores se generó un descuido sistémico, que fue bien sorteado por el personal de a pie que opera en tierra, mar y aire.

En las terminales se prestó un servicio con deficiencias y con áreas y equipamiento mal aprovechados, lo que generó vulnerabilidades que propiciaron actos de interferencia ilícita.

Asimismo, a pesar de contar con sistemas para monitorear amenazas y riesgos en el área operacional, los reportes recogidos no eran atendidos con prontitud, la seguridad de las operaciones y el cumplimiento estricto de la normativa en la materia era nula”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con información de Reuters y Aristegui noticias.