Raymundo Riva Palacio

El INE deberá pronunciarse sobre la candidatura de Samuel García, candidato de MC para la gubernatura de Nuevo León, y decidir si la cancela o no.

Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano que encabeza las encuestas para la gubernatura de Nuevo León, está en arenas movedizas. El Partido Verde, haciendo el trabajo sucio al presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere cortar las alas al joven político que sorprendió con su campaña virtual, adquiriendo apoyos en el mundo real y contribuyendo al desplome de la candidata de Palacio Nacional, Clara Luz Flores. Los aliados del Presidente quieren atrapar al elusivo pez por su boca y, literalmente, también por la de su esposa, Mariana Rodríguez, al pedir al Instituto Nacional Electoral que le cancele la candidatura por haber rebasado los topes de campaña.

Los acomodaticios verdes, en voz de Fernando Garibay Palomino, representante suplente del partido en el INE, presentaron una denuncia en el órgano electoral el 23 de abril pasado, donde retomaron una declaración de García a los medios donde afirmó haber recibido 20 millones de pesos en donativos de su madre y de sus hermanos para la campaña, de los cuales llevaba gastados para entonces 13 millones, adicionales al millón y medio de pesos que le entregó Movimiento Ciudadano. Al establecerse el tope de campaña en Nuevo León en 72 millones de pesos, ese monto podría fácilmente acomodarse, pero las cosas se complicaron por lo parlanchín del candidato.

La ley electoral señala que los ingresos por aportaciones de sus simpatizantes deben ser menores a 7.2 millones de pesos, por lo que Garibay Palomino alegó que violó la normatividad electoral. La denuncia sostiene que en los informes de precampaña y el primer parcial de ella, García no refleja esos ingresos. En efecto, en la revisión de sus gastos de campaña no aparecen los 20 millones de pesos que supuestamente iban a aportar los familiares del candidato, ni cómo habría aplicado, si lo hizo, 13 millones de ese total.

García ya salió a corregir su primera declaración y dijo que era mentira que su familia financiaría la campaña. No hay evidencia hasta ahora de que haya una correlación entre sus dichos y los gastos de campaña que lo lleven a violar la normatividad electoral. Sin embargo, Garibay Palomino señaló al INE que en los gastos de precampaña y el parcial de la campaña aparece una transferencia en efectivo por 3 millones de pesos, donde no existe ningún recibo interno. Esta transferencia llamó la atención del INE, que la anotó con el registro contable PN-IN-2/31-03-21.

El candidato y su equipo parecen haber cometido un error. Esa transferencia se incluyó en la entrega del informe de precampaña, que ya no pudo corregir ni ajustar los recursos o los gastos, y lo tomó a la mitad con el informe de campaña del primer mes. García no envió ninguna documentación de soporte, por lo que el INE envió 54 oficios, 31 a la Comisión Nacional Bancaria, 12 al SAT y 11 a la Unidad de Inteligencia Financiera para encontrar la procedencia. La investigación la lleva Jacqueline Vargas Arellanes, directora de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, quien está a la espera de los reportes de esas instituciones o está por recibirlos.

El Verde, podría uno pensar, por petición de Morena, está llevando a cabo la ofensiva legal contra García, aunque el contexto de esa gestión fue una serie de alusiones de López Obrador sobre el proceso en Nuevo León, pero enfocándose en críticas al candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza. No parecería existir vínculo lógico alguno entre la acción legal y esa declaración política, salvo que el Presidente esté enterado de la denuncia –como seguramente lo está–, y ya comenzó a tratar de pegarle negativos al priista. Si cancelaran la candidatura de García, su candidata Flores sólo tendría enfrente a De la Garza.

El binomio verde-morenos no está apostando todo a la figura de García en las irregularidades en el financiamiento, sino ha ampliado la denuncia contra su esposa, Mariana Rodríguez, una popular influencer en las redes sociales, que ha sido uno de los motores de la sorprendente campaña de aire del candidato de Movimiento Ciudadano. En la denuncia en su contra, Garibay Palomino menciona su red de más de un millón 400 mil seguidores en Instagram y más de 200 mil en Facebook, para acreditar que “es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a convertirse en un promotor con fines comerciales para un producto, servicio, evento o marca”.

A los verdes-morenos les preocupa su penetración en la sociedad neoleonesa y la forma como en algunos sectores la ven como un modelo a seguir, por lo que no ahorraron palabras ni evidencias de que forma parte de la campaña de su esposo. En la denuncia sugieren que se deben contabilizar, y no se hizo, la promoción que ella hace a través de las redes sociales de su esposo y la campaña, que va desde una historia en Instagram de 15 segundos con un valor comercial de 8 mil 500 pesos cada uno, hasta promociones unitarias de marca por 30 mil. También presentaron evidencia de cómo ha lucido guantes de boxeo color naranja (el color de Movimiento Ciudadano) en eventos sociales y acciones supuestamente privadas que difunde a través de sus redes sociales, que tampoco fueron contabilizadas como actos de campaña.

El INE deberá pronunciarse sobre la candidatura de García y decidir si la cancela o no. Su caso evoca fuertemente los de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes les cancelaron las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán por no haber reportado 18 mil pesos en promoción en Facebook y porque Morena no entregó reportes de gastos. Las irregularidades de García y la promoción que hace su esposa se ven mucho más graves que aquellas dos, y a menos que exista una explicación sólida, Movimiento Ciudadano tendrá que buscar otro candidato para Nuevo León.