El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que existían roces entre el senador Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical de los mineros, y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien recientemente fue nombrada secretaria de Gobernación.

“No era buena la relación entre Napoleón y Luis María, entonces, ahora que se dé el cambio, puede buscarse el acercamiento”, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Luisa María Alcalde fue nombrada esta semana como próxima secretaria de Gobernación, el puesto más importante del gabinete, tras la renuncia de Adán Augusto López, quien buscará la presidencia de México en 2024.

En su lugar, Marath Bolaños Torres asumirá la titularidad de la Secretaría del Trabajo.

AMLO hizo un llamado a buscar la conciliación entre los trabajadores mineros y destacó la llegada de Marath Bolaños, a quien calificó como “recto” y no ser “empleado de potentados”.

“Yo le voy a pedir a Marath que hable con todos, que hable con los mineros y que se hable también con Germán Larrea con sus representantes y que este se avance en acuerdos”, subrayó.

“Ahora Luisa María, que es muy profesional, va a ayudar va a intervenir para que se concilie y de manera directa Marath que es una gente con muchos muchas convicciones”, añadió.

El mandatario también recordó el acuerdo al que arribó con Grupo México, del magnate Germán Larrea, en relación a los tramos ferroviarios que operaba Ferrosur y que fueron tomados por el gobierno.

La empresa acordó entregar un tramo ferroviario de 127 kilómetros entre El Chapo-Coatzacoalcos, Coatzacoalcos-Medias Aquas e Hibueras-Minatitlán, ocupado por un decreto gubernamental, a cambio de la ampliación por ocho años de la concesión de otra vía operada por la compañía.

El acuerdo, que no incluye indemnización a la compañía, se anunció después de que el presidente publicó un decreto el 19 de mayo para ocupar tres tramos de las vías a las que la empresa tenía derecho en Veracruz, estado del Golfo de México.

Esto despertó polémica porque la compañía denunció que militares armados ocuparon sus instalaciones de forma “sorpresiva e inusitada”, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y analistas alertaron por riesgos a inversiones presentes y futuras.