La consejera presidenta de la comisión de Fiscalización, Adriana Favela, dijo que la UIF es la única que ha dado atención a 88 requerimientos generales solicitadas.

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) exhibió resistencias por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para responder a los requerimientos de fiscalización sobre candidaturas, pues tienen incluso 130 días de rezago en sus respuestas.

Mientras que la consejera Carla Humphrey señaló que a pesar de que existe un convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “justamente para tener más datos respecto a la capacidad económica de las personas infractoras, y en ningún caso se ha solicitado información, siete casos han sido remitidos a la Sala Regional Especializada por violencia política en razón de género sin que se haya cumplido este anexo técnico y requerido esta información”.

La consejera presidenta de la comisión de Fiscalización, Adriana Favela, dijo que la UIF es la única que ha dado atención a 88 requerimientos generales solicitadas, a diferencia de otras dependencias que no han cumplido con el plazo acordado de entregar respuesta en cinco días.

Detalló que a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han enviado mil 88 solicitudes y hay 741 sin atender, una de ellas tiene ya 125 días de rezago.

Mientras que en el SAT han hecho 181 requerimientos y están 65 por resolver, uno de ellas ya con 130 días de espera. Además de que la consejera exhibió que incluso, solicitaron al INE justificar estos requerimientos a pesar de que existen convenios de por medio que obligan al intercambio de información.

Agregó que en el caso de la Secretaría de Economía, hicieron un requerimiento en el que recibieron como respuesta que «no se podía atender la solicitud porque sobrepasaba su capacidad técnica y humana”.

Por lo que alertó que existen importantes rezagos en el flujo de información y omisiones de parte de las autoridades, a pesar de los convenios que se han firmado para agilizar y hacer más eficiente la fiscalización que además, permita identificar el uso de recursos de procedencia ilícita o de empresas fachada.