El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se refiere a Alejandra Cuevas Morán, hija de su excuñada, como “la pendeja esa que está en la cárcel.” Acusa también al ministro Alberto Pérez Dayán de haberle querido ver “la cara de pendejo.” Asegura, igualmente, que muchos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no van a respaldar el proyecto del ministro ponente.
Estas declaraciones fueron publicadas el día de ayer en la plataforma YouTube acompañadas de consignas que denuncian misoginia, desconocimiento de la ley y un comportamiento ilícito por parte del fiscal general.
Se trata de tres audios registrados probablemente de manera ilegal y divulgados en redes sociales que ponen en jaque la solvencia moral de Gertz Manero y que podrían conducir a que el Senado de la República le destituya de manera fulminante.
Estos audios desnudan el carácter del fiscal y lo exhiben realizando un acto contrario a la ley que es insoportable para quien, como nadie, está obligado a respetarla dentro del Estado mexicano.
En las tres grabaciones Gertz Manero conversa vía telefónica con Juan Ramos López, fiscal especializado de control en la FGR. Al escucharlas se hace evidente que fueron realizadas desde el sitio donde se encontraba Ramos y que la voz del fiscal general se registró mediante la línea telefónica.
Ahí, Gertz presume a Ramos que tiene en su poder el proyecto de resolución elaborado por el ministro Pérez Dayán, sobre el caso de Alejandra Cuevas.
Este es el principal acto ilícito cometido por el fiscal. Siendo que la audiencia para tratar este expediente está programada para el próximo lunes 14 de marzo, nadie excepto las y los ministros del Pleno y sus asesores debían tener ese documento.
Bajo ningún concepto se justifica que Gertz Manero se haya hecho de dicho proyecto. Se trata de un documento interno que, al llegar a manos de una de las partes y no a la otra, coloca en situación de indefensión a Alejandra Cuevas.
Es decir que desequilibra las cosas en favor del fiscal general y en contra de quien él ha acusado como cómplice de homicidio en la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.
Este solo hecho, –haberse agenciado el proyecto por cualquier medio que haya utilizado– es elemento suficiente para acusarlo de violación al debido proceso, lo cual, por su gravedad, habría de ser causa suficiente para que el Senado de la República convoque con urgencia a la revisión del actuar del fiscal general.
El problema principal es que la posesión adelantada del proyecto ubica al titular de la fiscalía en situación de ventaja frente al caso ya que le permite anticipar estrategias, recursos y movimientos que causarían perjuicio a su contraparte.
Aún más, dado el contexto, sería ingenuo suponer que este caso constituye una excepción. Si en esta ocasión el fiscal obtuvo ventaja ilícita consiguiendo un proyecto de resolución producido dentro del máximo tribunal, ¿cuántos proyectos de sentencia, firmados por jueces o magistrados, no habrán llegado a su escritorio antes de que le ley lo autorizara? ¿De qué manera habrá el fiscal abusado de esta misma ventaja?
Se añade como agravante el tono machista con el que el fiscal Gertz se refiere a Alejandra Cuevas. No solamente se trata del uso de palabras inadecuadas en boca de un funcionario clave del Estado mexicano, sino de la implicación que tiene el que un hombre adverso a la protección de los derechos de las mujeres, y que posee una lengua tan misógina, sea quien conduzca la política criminal del país.
También es preocupante que el fiscal haya eventualmente utilizado recursos de la FGR para ponerlos al servicio de sus intereses personales. Prueba de ello sería que su interlocutor en las conversaciones citadas sea Juan Ramos, el segundo hombre más poderoso dentro de la nómina de la FGR, cuyo salario lo pagamos las personas contribuyentes.
Por otra parte, es ofensivo que Gertz Manero pronuncie palabras carentes de dignidad cuando se refiere al ministro Pérez Dayán. Acusarlo de hacer “la apología de las conductas de esta vieja,” para rematar con que tal cosa “no tiene puta madre,” son frases que distan del comportamiento de respeto que la FGR debería tenerle a la SCJN.
En el mismo hilo de la conversación, tanto Gertz como Ramos refieren un supuesto acuerdo con Pérez Dayán para que el ministro ponente incluyera en su proyecto argumentos que, al parecer, no prosperaron.
“De lo que él dijo que iba a poner, que fue el delito, que la coautoría, que era garante, nada… Ni una línea. Ni por asomo.”
Esta declaración merece mayor atención: ¿quisieron Gertz y Ramos, a través del abogado Víctor Olea –según se infiere de la misma conversación– presionar al ministro Pérez Dayán para afectar los derechos de Alejandra Cuevas? De la propia grabación se desprende que Pérez Dayán no cumplió con las expectativas del fiscal general, lo cual habla muy bien de él.
Sin embargo, en otro momento Gertz Manero confía a Ramos que tiene “la certeza de que muchos de los ministros no van a aceptar eso.” Es decir, la concesión del amparo solicitado por Alejandra Cuevas.
¿Por qué el fiscal general tiene esa certeza? ¿Con qué otras ministras o ministros sostuvo conversación sobre este mismo expediente? ¿Qué ventajas consiguió por encima de su contraparte, por su calidad de fiscal, por su condición política, por su rol como hombre poderoso invertido con toda su influencia sobre este juicio?
El encarcelamiento de Alejandra Cuevas Morán debido a la denuncia del cuñado de su madre, Laura Morán, será un episodio imborrable en la historia jurídica mexicana.
Alejandro Gertz Manero se equivocó al convertir esta causa en un tema que desplazó las responsabilidades y las obligaciones que la ley le confirió cuando aceptó el cargo de Fiscal General de la República.
Su comportamiento, reflejado con desnudez en las grabaciones publicadas el día de ayer, lo vuelven una persona con características inadecuadas para ocupar un cargo tan relevante.
No debería ser obstáculo la mayoría que hoy tiene el partido Morena en la Cámara de Senadores para que en breve se convoque a una revisión exhaustiva de su desempeño como como titular de la FGR y se proceda, si el caso lo amerita, con su destitución.
Comentarios recientes