La investigación, señalan, se mantiene abierta y en vías de judicialización, como ocurrió ya con Jorge Luis Lavalle

La imputación penal que se hará este jueves contra Ricardo Anaya deriva de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, extitular de Pemex, contra altos funcionarios, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de Hacienda y Cancillería, Luis Videgaray.

Autoridades federales confirmaron a EL FINANCIERO que la indagatoria contra Peña y Videgaray, por diversos actos de presunta corrupción, se mantiene abierta y en vías de judicialización, como ocurrió ya con el caso de los panistas Jorge Luis Lavalle Maury y de Anaya Cortés.

Lavalle Maury, exsenador del PAN, se encuentra preso y vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, mientras que Anaya Cortés, excandidato presidencial panista, será imputado este jueves por los mismos delitos.

Con ello, Anaya será el segundo imputado por el mismo caso, lo cual ocurrirá en una audiencia programada para las 10 de la mañana de este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Si Anaya no se presenta, como ya lo perfiló al anunciar un autoexilio, la Fiscalía General de la República (FGR) procederá a realizar la imputación y, al señalar lo injustificado de su ausencia, solicitará al juez que se libre una orden de captura.

De acuerdo con la denuncia, el 11 de agosto de 2020, la cual se radicó en el expediente FED/SEIDF/CGI-CDMX/000865/2020, Peña y Videgaray diseñaron, operaron y lideraron una trama de corrupción.

Lozoya aseguró que por órdenes de Peña y Videgaray entregó sobornos por más de 500 millones de pesos a exlegisladores y líderes partidistas, a cambio de aprobar las reformas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas la energética.

Lozoya señaló que para el pago de sobornos se utilizó dinero obtenido de manera ilegal. Dijo que entre quienes aportaron dichos recursos están los dueños de Odebrecht; a cambio, los propietarios de la empresa brasileña serían beneficiados con contratos del gobierno federal.

Por ahora, el único alto exservidor público detenido por este caso es Jorge Luis Lavalle, a quien se le impuso el 9 de abril pasado la prisión preventiva justificada.

El juez Marco Antonio Fuerte estimó que la FGR aportó la suficiente evidencia para acreditar la existencia de la red de corrupción y que había riesgo de fuga del exlegislador panista.

También están en la lista de imputados los exsenadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Asimismo, los exlegisladores Ernesto Cordero y Salvador Vega; José Antonio Meade, excandidato presidencial del PRI, y los exdirectores de Pemex, José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño.

Lozoya presentó su denuncia como parte del proceso que sigue para convertirse en testigo colaborador de la FGR y, con ello, evitar la cárcel, como ha ocurrido hasta ahora, por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Fue el 6 de enero cuando la FGR anunció que iniciaría con la judicialización de la denuncia de Lozoya.

Por este caso, Lozoya –quien también sería parte de la red criminal de corrupción– no ha pisado la cárcel. En la misma situación está Rafael Caraveo, un funcionario menor y excolaborador de Lavalle Maury, quien era el encargado de recibir los sobornos para los legisladores.

Ambos han colaborado dando información, a cambio de beneficios procesales, como no pisar la cárcel y, en su momento, posible reducción de penas que les pudieran imponer.