La renuncia del funcionario electoral será a partir del 3 de abril, mismo día en que Lorenzo Córdova, de quien ha sido mano derecha, concluye su periodo como presidente del instituto.

El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, ha presentado su renuncia al cargo, tras varias semanas de tensiones con el Gobierno a raíz de la entrada en vigor del “plan B” electoral oficialista. La decisión del funcionario ha sorprendido debido a que hasta hace unos días peleó ante los tribunales, victoriosamente, su permanencia en la secretaría ejecutiva del INE. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había intentado destituirlo del cargo mediante una cláusula contenida en el llamado “plan B”, un conjunto de reformas legales que buscaban recortar la estructura institucional y financiera del INE y que ya ha sido suspendida temporalmente por el Supremo. Jacobo dejará el cargo de secretario ejecutivo el 3 de abril, el mismo día en que Lorenzo Córdova —de quien ha sido mano derecha— concluirá su periodo como presidente del árbitro electoral. “He cumplido un ciclo en la secretaría ejecutiva del instituto para servir al INE y a la democracia mexicana, lo que concibo no como un trabajo, sino como una causa”, ha dicho en conferencia de prensa.

Puesto en el centro de las críticas del presidente López Obrador, Jacobo ha dicho esta tarde, al anunciar su decisión, que la visibilidad que ha adquirido en las últimas semanas es un obstáculo para desempeñar con profesionalismo su mandato. “La notoriedad que sin buscarla he adquirido constituye un impedimento —desde mi punto de vista— para continuar desempeñando con discreción y eficacia las actividades propias del secretariado ejecutivo. Por ello, estoy convencido de que, conforme a la ética de la responsabilidad, es el momento de retirarme”, ha dicho. “Esta renuncia es de carácter irrevocable, porque no me anima el preservarme en una posición laboral, sino la defensa de la ley y las instituciones. Como secretario ejecutivo esa fue mi convicción, y esa seguirá siendo como ciudadano que, como a millones de mexicanas y mexicanos, le preocupa la democracia de mi país”, ha añadido.

El funcionario, de 67 años, ha rechazado también los señalamientos del mandatario en el sentido de que quería eternizarse en su puesto público por meras ambiciones económicas. “A diferencia de quienes tildaron mi actitud como la de alguien que busca seguir ocupando un cargo, mi compromiso con el INE es defender un patrimonio que hemos construido entre todas y todos durante más de tres décadas y hoy es patrimonio de la sociedad, toda”, ha dicho. Jacobo ha desempeñado el cargo de secretario ejecutivo desde hace 14 años, y estaba autorizado por el Consejo General del INE para ejercerlo por otros tres más. Su primer periodo lo despachó a instancias de Leonardo Valdés Zurita, expresidente del INE, y luego fue cobijado por Córdova. “A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia”, ironizó hace unos días el presidente López Obrador, que también ha juzgado a Jacobo por su sueldo de 167.000 pesos mensuales. “Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía”, ha añadido el mandatario.

Con la promulgación del “plan B”, se ordenó el cese de Jacobo de sus funciones como secretario ejecutivo del INE. El funcionario emprendió dos acciones: por un lado, promovió un amparo, que le fue concedido; por el otro, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral federal, que también le dio la razón. Ambas resoluciones judiciales —con Jacobo en el centro— provocaron una fuerte andanada de críticas del Gobierno hacia el poder Judicial. El presidente López Obrador cargó contra jueces y magistrados, a los que acusó de proteger el régimen de privilegios (el mandatario siempre redujo la lucha de Jacobo al hecho de que no quería perder sus prebendas).

El pasado viernes, la Suprema Corte de Justicia dictó una suspensión de los efectos del “plan B” que estará vigente hasta que los ministros resuelvan las controversias constitucionales promovidas por diversos actores, entre ellos el propio INE, que sostienen que las reformas violan la Carta Magna.

Con información el país.