El diablo está en los detalles. Ayer un reportero de Proceso le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la investigación abierta en contra de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, por el caso Camarena, donde testigos lo señalan como participante presencial en la planeación y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. El Presidente respondió: “Independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett, lo que es evidente, público y notorio, es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios”. La minucia fina de su declaración es que no hizo una defensa a ultranza de su colaborador, como suele hacer, y dejó abierta la posibilidad de que sea culpable.

Propaganda aparte, hay un trasfondo de su dicho este jueves. En el corazón de Palacio Nacional, el tema de Bartlett fue abordado por el Presidente con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a finales de mayo, después de que el corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, publicó fragmentos inéditos y extraordinarios del expediente de Camarena Salazar, torturado y asesinado por el Cártel de Guadalajara, que revelan que Bartlett estuvo en la casa donde torturaron y mataron a Camarena el 7 de febrero de 1985, el mismo día que lo privaron de su libertad, y de haber participado en reuniones previas al asesinato.

Las acusaciones nunca habían sido tan detalladas como hasta ese momento, pese a que en 1990 Victor Lawrence Harrison, un testigo protegido de la DEA, describió en un tribunal de Los Ángeles el involucramiento de Barlett con el Cártel de Guadalajara, su participación en el asesinato de Camarena y, además, de Manuel Buendía, el columnista político más importante en México de los últimos 50 años, por quien pagaron con la cárcel los más altos jefes de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que respondía al secretario de Gobernación, el hoy director de la CFE.

La publicación de esos fragmentos prendió el semáforo rojo en la Cancillería. Ebrard le recomendó que no hiciera una defensa de Bartlett antes de que se iniciara el proceso en Estados Unidos y le notificaran al gobierno mexicano. Lo que inexplicablemente no precisó Ebrard, es que el caso no iba a iniciar porque en realidad no ha cerrado. El Presidente difícilmente leyó el texto de Esquivel, pero el canciller o entendió mal o le faltaba contexto. De cualquier forma, la preocupación del Presidente giraba en torno a los problemas que podría atraerle a Bartlett, quien es uno de sus principales aliados.

El primero de junio pasado se publicó en este espacio que la entrega de esos fragmentos a Esquivel, confirmados por funcionarios con conocimiento del expediente, era la respuesta de la DEA a los ataques de López Obrador contra la agencia, en el contexto de un renovado interés prioritario del gobierno de Estados Unidos contra la violencia del crimen trasnacional. En las últimas tres semanas, la vicepresidenta Kamala Harris, los directores de la CIA, el secretario de Seguridad Territorial, Alejandro Mayorkas, y altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional encargados de México, estuvieron en este país donde abordaron un tema que mostró dónde hay una preocupación unánime en Washington, el incremento del narcotráfico a través de la frontera común –en particular el fentanilo, que cruza por tierra– y la posibilidad de que gobiernos hostiles a Estados Unidos u organizaciones terroristas puedan utilizar las redes y logística de los cárteles mexicanos para atacar a esa nación.

El tema de Bartlett, como había sugerido Ebrard, no había sido tratado por el Presidente hasta este jueves, donde no surgió de un planteamiento de alguno de aquéllos que son usados por su vocero presidencial para desviar un tema o hacer novedoso otro para atacar a quien en ese momento tenga en la mira. Un periodista de Proceso fue quien obligó a López Obrador a hablar sobre el problema que tiene Bartlett con la justicia estadounidense, en donde no fijó postura sobre su culpabilidad o inocencia, pero sí buscó ubicar todo dentro de su narrativa.

“Cada vez que lo consideran necesario, sacan el expediente”, dijo el Presidente. “Y no sólo eso, para afectar al licenciado Bartlett, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto; es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación… Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados”.

No hay duda de que Bartlett ha enfrentado resistencias de la industria eléctrica, particularmente porque ha violado acuerdos, normativas y leyes acordadas internacionalmente, pero en el caso particular que le fue presentado al Presidente, se trata de otra cosa. No tiene que ver con la energía eléctrica lo que publicó Proceso, sino con un ajuste de cuentas contra López Obrador, que hace unos meses amenazó con expulsar a la DEA de México y obligó a los servicios policiales y de inteligencia de ese país a informar al gobierno de sus actividades y contactos.

La DEA encontró el pretexto perfecto para protestar las acciones de López Obrador en Bartlett, quien para el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado con el Cártel de Guadalajara y fue actor de primera línea en el asesinato de Camarena Salazar. El Presidente dijo el jueves que si tenían pruebas contra él, que las presentaran. No se da cuenta que ya tienen suficiente información contra Bartlett, acumulada durante más de tres décadas, y que tienen una escopeta sobre la cabeza del director de la CFE que pueden disparar en cualquier momento, afectando por igual al funcionario como al Presidente, al lastimar a su grupo radical contra la reforma energética y su desmantelamiento legal.

Al Presidente le importa tanto esto como Bartlett, pero es rehén de los tiempos y cálculos políticos del gobierno de Estados Unidos, aunque no se hayan dado cuenta en Palacio Nacional.