El juez concedió amparó a las empresas contra la reforma del Presidente López Obrador; el juzgador advirtió que los artículos vulneran el régimen constitucional en la materia
![Planta CFE](https://i0.wp.com/imagenes.razon.com.mx/files/image_940_470/uploads/2021/08/09/6111db78ae436.jpeg?w=1080&ssl=1)
El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió un amparo a cuatro empresas contra la reforma eléctrica impulsada por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El impartidor de justicia, quien ha sido acusado por el propio López Obrador de favorecer a los intereses de particulares, resolvió la medida cautelar a favor de Energía y Proyectos Eólicos, Fuerza y Energía de Naco Nogales, Fuerza y Energía BII Hioxo y Fuerza Eólica San Matías.
Gómez Fierro argumentó que «desde su entrada en vigor, las normas reclamadas modifican los principios que sustentan la política energética que fue reconocida constitucionalmente desde la reforma de 2013″, y agregó que «los artículos reclamados vulneran el régimen constitucional en materia de electricidad».
De acuerdo con la versión pública, el juez determinó que los artículos reclamados por las cuatro compañías, vulneran los derechos de competencia efectiva porque favorecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de los demás generadores de energía eléctrica.
Gómez Fierro resolvió que «los preceptos reclamados vulneran el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable, así como los tratados internacionales en materia de protección al ambiente y cambio climático.
«Se permite la generación de energía eléctrica que opera principalmente a partir de combustóleo y carbón, lo que incrementará las emisiones contaminantes en perjuicio de los derechos indicados», estableció el juez segundo en su resolución sobre el amparo a las cuatro empresas privadas.
Al destacar que con esta reforma se desincentiva la inversión en fuentes de energía renovables, opinó que el decreto de la reforma eléctrica vulnera dos artículos constitucionales, además del principio de seguridad jurídica, el debido proceso legislativo, el derecho de propiedad y el derecho a la libre asociación, y otros.
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