El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este miércoles que hay 150 proyectos de energía limpia detenidos con un valor de 40 mil millones de dólares ante la incertidumbre de la política energética que impulsa el Gobierno.

«El sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita», declaró Carlos Salazar, presidente del CCE.

El líder de la cúpula empresarial participó en el foro “Impactos económicos y financieros para la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la hacienda pública de las reformas eléctricas” dentro del parlamento abierto del Congreso mexicano para discutir la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de reforma, enviada en septiembre pasado, causa controversia porque limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a CFE, empresa del Estado.

Además, eliminaría los reguladores autónomos de energía, revisaría contratos previos y priorizaría a las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

«Que todos los mexicanos tengan acceso a suficiente energía barata y limpia. Queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México», opinó Salazar en el Congreso.

En el foro, Miguel Reyes, director de CFE Energía, respondió que la empresa del Estado «subsidia», según él, a los generadores privados con 490 mil millones de pesos.

También alegó que los privados producen 82% de su energía con fuentes fósiles y son responsables del 52% de las emisiones nacionales de dióxido carbono en el sector eléctrico.

En cambio, el presidente del CCE aseveró que la CFE no ha hecho inversiones necesarias pese a recaudar 46 mil millones de pesos tan solo de la tarifa de transmisión en 2021.

Asimismo, reprochó que la reforma pretende regresar a México «a un modelo que ya está rebasado», pues la población mexicana casi se ha triplicado en las últimas décadas y la economía ha crecido al menos ocho veces.

Sobre las denuncias del Gobierno, que ha acusado a las empresas de «operar ilegalmente», Salazar contestó que «no se requiere una reforma constitucional para aplicar la ley».

«Un sistema eléctrico eficiente, que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación firme, pero justa e independiente, que impida abusos y resarza pérdidas injustificadas a los participantes”, concluyó.