El 23 de marzo del 2021, la Función Pública informó que se prohibía la contratación de Levanting Global por parte de dependencias públicas debido a su inhabilitación
Por orden presidencial, el funcionario del IMSS que asignó la contratación de 2 mil 500 ventiladores a un proveedor acusado de corrupción y fraude, no solo no fue sancionado sino recibió un ascenso a un cargo directivo del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Víctor Hugo Borja, en su calidad de director de prestaciones del IMSS, había validado en marzo de 2020, una asignación directa por 93 millones de dólares a Levanting Global Servicios LLC, cuyo dueño tenía un largo historial de fraudes en México y Estados Unidos.
En un oficio del 30 de marzo de 2020, Borja Aburto justificó la asignación directa a Levanting Global, bajo el argumento de que su propuesta contenía datos objetivos que garantizaban la entrega de los 2 mil 500 ventiladores en menos de 30 días.
No obstante, dicha empresa no entregó ningún equipo y para obtener el jugoso contrato aportó datos falsos, de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En una resolución del 10 de marzo de 2021, la SFP determinó sancionar a Levanting Global con una inhabilitación de 3 años con 9 meses, por presentar datos falsos.
Baldemar Pérez Ríos, dueño de tal empresa había sido sancionado en Estados Unidos por fraude bursátil, además de que en sexenios anteriores fue acusado en México por tejer una red de compañías fantasmas las cuales simulaban competencia y sobornaba para obtener contratos millonarios en Pemex, de acuerdo a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
A pesar de los antecedentes de tal fichita, Borja Araujo avaló con su firma el supuesto estudio de marcado hecho por la Coordinación de Adquisición de Bienes, que señaló como mejor opción para la venta de los ventiladores a Levanting Global.
Borja Aburto dejó el IMSS en febrero pasado y ahora despacha como titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del INSABI, por “invitación” presidencial.
El IMSS justificó en febrero la salida del recomendado: “Por su desempeño profesional en el IMSS como director de Prestaciones Médicas, el doctor Víctor Hugo Borja atenderá un llamado presidencial para asumir nuevas responsabilidades en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)”.
Por su parte, Juan Pablo Villa Barragán, quien también participó en la asignación del contrato de los ventiladores, dejó en octubre la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica del IMSS y ahora también la pasa bomba en el INSABI.
La sanción aplicada por el gobierno federal a Levanting Global Servicios fue de apenas 2 millones de pesos, lo que equivale al 0.1 por ciento del monto del contrato que se le había otorgado a la empresa.
El contrato fue por 93 millones de dólares, que al tipo de cambio de marzo de 2020, equivalía a 2 mil 200 millones de pesos.
Pese a que el contrato había acordado un anticipo del 30 por ciento, el IMSS aseguró que no se pagó nada a la empresa, por no haber entregado ningún equipo.
En junio de 2020, personal del IMSS acudió al supuesto domicilio de la empresa en Naucalpan, corroboró que se trataba de una vivienda y no de una compañía.
La primera reacción del Instituto fue señalar un incumplimiento de Levanting Global sobre la entrega, recepción, distribución, instalación, puesta en operación y capacitación de los ventiladores médicos que se utilizarían para auxiliar a enfermos graves a causa de la covid-19, y por ello se procedía a cancelar el contrato.
Sin embargo, el argumento de la inhabilitación fue que falseó información, como el aportar un domicilio inexistente y mentir respecto a su experiencia en el mercado.
Desde septiembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación sobre el procedimiento de contratación de Levanting Global para la adquisición de los 2 mil 500 ventiladores.
En noviembre de 2020, el Ministerio Publico dirigió un oficio al IMSS para solicitar información del contrato celebrado con Levanting Global para integrar una carpeta por el presunto delito de fraude.
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